lenguaje

Aproximadamente un 40% de la ciudadanía vive en comunidades con más de una lengua oficial. Esto es así sin contar a los que viven en comunidades con lenguas sin estatuto de oficialidad (Asturias, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Ceuta, Melilla) o los miles de inmigrantes que enriquecen un paisaje lingüístico diverso.

En España, por tanto, una parte muy relevante de la población tenemos la suerte de oír y expresarnos habitualmente en más de una lengua. Sorprende que esa riqueza sea vista como una agresión y ciertos partidos quieran prohibir su uso en la esfera pública. Legislar para garantizar la ignorancia parece el nuevo argumento de campaña en un denodado esfuerzo en igualar a la baja no sólo las lenguas, sino también los derechos de la ciudadanía. Se anuncia una cohesión por erradicación que choca frontalmente con el mandato del artículo 3 de la Constitución de protección de las lenguas y con la competencia autonómica para regularlas, según indica el Tribunal Constitucional.